Honduras y el retiro del CIADI
- ESPACIOH
- 12 mar 2024
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Autor: Roberto Santos Co-autora: Andrea Pinoth
El pasado 28 de febrero, el Estado de Honduras procedió formalmente a la denuncia del convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Esta maniobra diplomática y legal ha generado un escenario de incertidumbre regulatoria, activando alertas entre los agentes económicos nacionales e internacionales debido a las posibles repercusiones sistémicas a corto y largo plazo sobre la estabilidad macroeconómica del país.
Para dimensionar el impacto, es imperativo comprender la naturaleza técnica del organismo. El CIADI, institución adscrita al Grupo Banco Mundial, no es un tribunal convencional, sino la institución líder a nivel global dedicada al arbitraje y conciliación de disputas entre inversionistas internacionales y Estados receptores. Su función es proveer un foro neutral y despolitizado, habiendo administrado la mayoría de los casos de inversión a nivel global, lo que lo convierte en el estándar de oro para la seguridad jurídica en la Inversión Extranjera Directa (IED).
La Procuraduría General de la República (PGR) ha fundamentado esta acción en el ejercicio de la soberanía estatal, citando el apego al derecho internacional público. Específicamente, se amparan en:
Artículo 54 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: Que regula la denuncia o retiro de un tratado.
Artículo 71 del Convenio CIADI: Que establece los mecanismos procedimentales para la denuncia.
El argumento central del Ejecutivo sostiene que esta determinación busca "salvaguardar las finanzas públicas" y corregir una supuesta asimetría jurídica que, históricamente, ha favorecido los intereses del capital extranjero en detrimento de los inversionistas nacionales y el interés público.
Desde una perspectiva de mercado, el retiro conlleva riesgos significativos de marginación geopolítica y económica. Al sustraerse de este mecanismo, Honduras condiciona su acceso a mercados de capitales y oportunidades comerciales. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a través de su presidente Mateo Yibrín, ha advertido sobre el aislamiento regional: Honduras se convierte en el único país de Centroamérica fuera del sistema CIADI. Esto envía una señal negativa a los mercados ("señalización de mercado"), interpretándose como un debilitamiento del Estado de Derecho y una reducción en las garantías para la inversión privada.
Desglosando las variables económicas, la afectación principal radica en la erosión de la seguridad jurídica. La pertenencia al CIADI funciona como una póliza de seguro implícita contra la expropiación arbitraria o el trato discriminatorio.
Incremento del Riesgo Legal: Sin la jurisdicción del CIADI, los inversionistas perciben un mayor riesgo de litigios en cortes locales que podrían carecer de imparcialidad o celeridad.
Contracción de la IED: La desconfianza resultante puede traducirse en una "prima de riesgo" más alta para invertir en Honduras, desincentivando nuevos flujos de capital. Una economía sin flujo constante de inversión tiende al estancamiento productivo.
Es imperativo que el Estado de Honduras realice un análisis exhaustivo de costo-beneficio sobre esta decisión. Las implicaciones negativas para la economía real y el bienestar social podrían superar los beneficios fiscales teóricos a corto plazo. Se requiere transitar hacia un consenso nacional multisectorial que priorice el desarrollo sostenible y la estabilidad económica por encima de sesgos ideológicos, garantizando un marco regulatorio previsible y competitivo.
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