La endemia de feminicidios en Honduras
- ESPACIOH
- 22 ene 2024
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Autor: Roberto Santos
El inicio del periodo 2024 ha evidenciado una agudización crítica en la seguridad ciudadana con enfoque de género en Honduras. Los indicadores de violencia letal contra las mujeres han registrado un repunte alarmante, contabilizando al menos 17 muertes violentas únicamente en la primera quincena de enero. Este dato, corroborado por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), no solo denota una falla en los mecanismos de protección inmediata, sino que proyecta una tendencia de vulnerabilidad extrema para el año en curso.
No obstante, es imperativo contextualizar que esta incidencia no representa un fenómeno aislado o coyuntural, sino la manifestación de una violencia estructural y endémica. El análisis longitudinal de la data, avalado por el CDM y el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), demuestra que desde el año 2009 la tasa de mortalidad por violencia de género se ha mantenido en niveles críticos, con un piso mínimo de 300 víctimas anuales. Esta acumulación estadística, que supera los 6,000 feminicidios en el último decenio y medio, sugiere la normalización de la violencia letal contra la mujer dentro del tejido social hondureño.
La problemática se ve exacerbada por una profunda crisis de institucionalidad, caracterizada por la ineficacia en la judicialización de los casos. La exigencia ciudadana ha evolucionado de la simple denuncia del ilícito a un cuestionamiento frontal sobre la ausencia de políticas preventivas y la inoperancia de los entes investigativos. Según estimaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), la tasa de impunidad en los feminicidios alcanza un 95%, lo cual evidencia una fractura en el Estado de Derecho y envía un mensaje tácito de tolerancia estatal ante estos crímenes.
Frente a este escenario de emergencia, la respuesta legislativa continúa siendo insuficiente. A pesar de la existencia de una propuesta de "Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres", diseñada para abordar la problemática desde un enfoque multidimensional y sistémico, la voluntad política para su aprobación sigue siendo nula. El estancamiento de esta iniciativa en el Congreso Nacional impide la implementación de mecanismos y estrategias estatales vinculantes que son urgentes para frenar la escalada de violencia, perpetuando así el ciclo de desprotección legal denunciado por las organizaciones de sociedad civil.
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