¿Y SI...LE BAJAMOS EL SUELDO A LOS DIPUTADOS?

Autor: Roberto Santos

El experimento perfecto. Imaginate a un diputado hondureño viviendo con salario mínimo. Sí, ese mismo que siempre anda trajeado, viajando en avión o con chofer incluido. Ahora, pensalo en la parada de buses o haciendo fila en el súper para ver si le alcanza o no para la canasta básica. Suena a chiste, pero genuinamente sería el experimento perfecto para que entendieran lo que vive la mayoría de los hondureños día a día.

La diferencia entre ellos y nosotros es brutal. Mientras un diputado se mete alrededor de 90 mil lempiras al mes (más viáticos, seguro médico y hasta bonos), el salario mínimo apenas ronda un promedio de 12,000 y 13,000 lempiras. Y todavía tienen el descaro de decir que su sueldo "no ajusta". Creo que sí vivimos en otro planeta.

Ahora, imaginemos que de un día para otro ese diputado tuviera que vivir como cualquiera de nosotros. Adiós camioneta blindada con chofer, hola "rapidito" apretado y hola quedarte sin gasolina. Adiós clínicas privadas en Miami, hola filas eternas en los hospitales públicos. Y ni hablemos de elegir entre pagar la luz o comprar la comida. ¿Con 1 mes de esa vida, se le acabaría la soberbia a algunos?

Lo más interesante sería ver cómo cambiarían sus votos en el Congreso. Después de sentir el golpe de la realidad, ¿se atreverían a decir que 12 mil lempiras "alcanza"? Probablemente serían los primeros en pelear por un aumento. También exigirían mejores hospitales, escuelas dignas y maestros bien pagados. Porque hasta que vivan como el pueblo, empezarán (espero yo) a legislar con empatía.

Poner a un diputado a vivir con salario mínimo sería como darles la mejor clase de realidad que jamás han tenido. Porque al final, las leyes que aprueban no son un juego: son la diferencia entre comer tres veces al día o solo una. Y si de verdad quieren representar al pueblo, que empiecen por conocer su vida.

El verdadero reto no está solo en reducir los sueldos a una cifra simbólica, sino en replantear la función pública bajo principios de proporcionalidad, ética y responsabilidad. La política se vacía de legitimidad cuando los beneficios de la representación se convierten en privilegios desmedidos, desconectados de la realidad social que deberían atender. Una democracia sólida exige que la retribución de los legisladores se justifique no por el cargo que ostentan, sino por el valor efectivo que generan a través de leyes útiles y una conducta pública ejemplar.

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