Regular sin silenciar: Combatir la desinformación y proteger la libertad de expresión en el contexto de Honduras yArgentina
En 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó al Estado hondureño reformar su marco legal electoral y fortalecer su capacidad de respuesta ante la desinformación. Esta fue la primera recomendación entre 24, presentada tras las elecciones generales de 2025 (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, 2026). Honduras no tiene una ley específica sobre desinformación digital, así que esta recomendación pone en la agenda un problema que el país centroamericano nunca había enfrentado de forma institucional.
El problema no es solo hondureño. Entre 2016 y 2022, al menos 91 países promulgaron o modificaron leyes para incluir disposiciones sobre información falsa o engañosa (García, 2025). Este dato revela que gobiernos de distinto signo político están respondiendo a la misma pregunta: cómo combatir la desinformación sin abrir la puerta a la censura. Ese es el eje que recorre este artículo, aplicado a dos casos concretos: Honduras y Argentina.
En Argentina, el discurso libertario de Javier Milei incluyó a los medios de comunicación entre los actores señalados como parte de "la Casta", un término muy utilizado por el actual presidente de Argentina para referirse a una élite que, según su narrativa, se beneficia de privilegios a costa del empobrecimiento de la sociedad. En febrero de 2024, su gobierno intervino los medios públicos mediante del Decreto 117/2024, pensado inicialmente para un año, pero luego prorrogado, el cual concentró las funciones de esos medios en un interventor designado por el Poder Ejecutivo (Krakowiak & Bizberge, 2025).
En este sentido, el debate sobre la regulación de la desinformación se lleva a cabo en un escenario atravesado por múltiples cuestionamientos ligados a las afectaciones a la libertad de expresión y pluralismo informativo. Es así como se vuelve indispensable encontrar mecanismos y herramientas que permitan combatir la circulación de contenidos falsos sin comprometer las garantías propias de la democracia.
Es a partir de aquí que surgen interrogantes como ¿Cuál es la mejor estrategia para combatir la desinformación sin restringir la libertad de expresión? ¿La respuesta consiste en impulsar nuevas legislaciones que limiten la difusión de “fake news” o por el contrario, en promover la alfabetización mediática para así formar ciudadanos con mayor capacidad crítica frente al contenido que consumen?
Honduras tampoco cuenta con un marco específico sobre desinformación digital, pero a diferencia de Argentina que sí tiene una arquitectura jurídica alrededor del tema, (protecciones constitucionales, jurisprudencia sobre responsabilidad de intermediarios, tipos penales como calumnias e injurias), Honduras carece incluso de ese marco general. Por eso, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tuvo que recomendar explícitamente una reforma legal y una mejor capacidad de respuesta institucional (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, 2026).
Como respuesta anticipada a ese vacío, en octubre de 2025 se formó en Honduras la Coalición Nacional para la Integridad de la Información. La integran el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, universidades y el Colegio de Periodistas, y firmaron un compromiso para detectar desinformación de forma coordinada durante el proceso electoral (Delegación de la Unión Europea en Honduras, 2025).
Conclusión:
Tanto el caso de Argentina como el de Honduras muestran que combatir la desinformación plantea un desafío común: proteger el derecho a información confiable sin convertir esa lucha en una amenaza para la libertad de expresión. Aunque las situaciones son diferentes, ya que Honduras enfrenta un vacío institucional mientras que Argentina cuenta con un marco jurídico que protege la libertad de expresión, ambos casos evidencian los riesgos de que la desinformación y los discursos construidos en torno a ella sean utilizados políticamente para debilitar el pluralismo informativo.
Frente a este escenario, la alfabetización mediática aparece como una alternativa fuerte y capaz de responder al problema sin trasladar al Estado el poder de determinar qué información puede circular. Formar ciudadanos con herramientas para identificar, contrastar y evaluar cuidadosamente los contenidos digitales, permite fortalecer la capacidad de la ciudadanía para combatir la desinformación y al mismo tiempo preservar las garantías que sostienen una democracia plural.
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